Mi lucha contra ETA (VII)

Cuando las decisiones antiterroristas del Estado cuestan vidas

Ilustraciones / Jon G. Balenciaga

El planteamiento de la investigación sobre la masacre etarra del 21 de junio de 1993 cambió en tres ocasiones, a medida que iba surgiendo nueva información. Primero, traté de buscar testigos directos. Después, intenté probar suerte con etarras supuestamente arrepentidos. Ambos caminos conducían a ninguna parte.

Al final, un nuevo enfoque -indagar en la infraestructura de ETA en la capital- condujo a una nueva e inédita versión de lo que sucedió aquel triste día. También a la apertura de una nueva vía judicial, de consecuencias aún inciertas. Y, por último, a poner sobre la mesa una serie de decisiones políticas que influyeron en el desarrollo de los acontecimientos.

La estrategia jurídica

El caso encerraba un problema inicial bastante complicado de resolver. Era prácticamente imposible relacionar el atentado terrorista de la Glorieta de López de Hoyos con el supuesto jefe de ETA de entonces, Iñaki Gracia Arregui, Gorosti, más allá de una presunta autoría intelectual. Se trataba de demostrar lo indemostrable para mantener la causa abierta.

El planteamiento final, por tanto, no era muy ortodoxo. De hecho, fue el más complicado, pero también resultó ser la única vía para avanzar en la búsqueda de la verdad: tenía que relacionar a Gorosti con el atentado a través de los autores materiales de la masacre, esos grandes desconocidos para las Fuerzas de Seguridad del Estado y para la Justicia durante más de dos décadas.

La escasez de información sobre el famoso piso del Paseo de Extremadura, a pesar de que fue sometido a vigilancia intensiva al principio de la campaña de ETA en Madrid correspondiente a los años 92 y 93, me llamó poderosamente la atención. Esa ausencia de datos y de documentación, sin embargo, me permitió indicar al juez de instrucción esta nueva vía de investigación a través de escritos. En ellos, pedía cada vez más información sobre la infraestructura etarra en la capital.

Gracias a mis deducciones en este viaje siniestro, iba abriendo nuevas e inéditas vías de investigación en el procedimiento

Gracias a mis deducciones en este viaje siniestro, iba abriendo nuevas e inéditas vías de investigación en el procedimiento. De esta forma, mientras la AVT -la otra acusación particular en la causa- pedía algunas pruebas que ya existían en el sumario y otras encaminadas directamente a identificar el mote Gorosti con Iñaki Gracia Arregui (concretamente, un análisis grafológico de escaso valor probatorio), mi estrategia se centró en el piso franco de ETA, en su vigilancia y en el seguimiento a María Jesús Arriaga Arruabarrena.

A partir de los informes incluidos en este sumario, la propia Policía afirmaba directamente que Jesús García Corporales integraba el comando Madrid en 1993, en la campaña correspondiente al atentado. Y establecía una relación clara y directa entre María Jesús Arriaga Arruabarrena con dicho comando de ETA. Un extremo confirmado incluso por la Guardia Civil, que aseguraba que la colaboración de ella con ETA tenía "fundamento".

De hecho, ese último documento iba mucho más allá ya que extendía las pesquisas a otros pisos de la capital. Incluía información sobre uno en la calle Bravo Murillo, 359, de Madrid, y acusaba directamente a Petra Elser -la ciudadana alemana que apareció en el sumario inicial- de haber integrado el comando Madrid entre octubre de 1991 y abril de 1994, ya que había alquilado el piso. También acusaba al etarra Ignacio Gerardo Echeverría Martín, Mortadelo, de pertenecer a dicho comando desde 1991 hasta 1993. Estos datos eran conocidos desde 1997, según informaciones transmitidas por la agencia Vasco Press en enero de aquel año.

La sorpresa mayúscula llegaría en forma del último documento policial: aquellos 11 folios en los que se ahondaba en la relación entre García Corporales y María Jesús Arriaga, y se afirmaba sin ningún género de dudas que el etarra estuvo en Madrid en varias ocasiones, antes y después del verano de 1992. Es más, el texto decía literalmente que "en los días siguientes a esa huida [la de María Jesús Arriaga y su hermano Rufino a Francia] la investigación entonces en marcha permitió constatar la presencia del miembro de ETA Jesús García Corporales nuevamente en Madrid".

Toda esta información permitió solicitar al juez que llamara a declarar al grupo policial encargado de las pesquisas sobre el comando Madrid meses antes del atentado, tras un largo periplo judicial y a pesar de las reticencias del Ministerio Fiscal y del instructor.

Y fueron precisamente las declaraciones de dos policías -un logro que costó meses y meses de trámites en el juzgado- las que realmente han permitido conocer la única versión razonada que existe hasta la fecha de la masacre de la Glorieta de López de Hoyos.

Las negociaciones de 1992 y 1993

Desde hace décadas, y prácticamente en todas las legislaturas de la joven democracia española, el Gobierno ha negociado de una forma u otra con ETA. Cabe recordar algunos de los contactos entre el Estado y la organización asesina. Florencio Domínguez, actual director del Memorial de Víctimas del Terrorismo y uno de los mejores especialistas en la historia de la banda, recuerda en varios escritos y con una cierta perspectiva temporal, el caos y la descoordinación en las negociaciones con los etarras que el Ejecutivo mantuvo después de la caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) el 29 de abril de 1992.

"Felipe González fue el primero en referirse al año 1993 como ejemplo de año en el que estuvo a punto de conseguirse la paz: luego se sumó Rafael Vera", aseguró este periodista en una crónica publicada en 1998. De hecho, el expresidente afirmó que a principios de ese año "ETA estaba convencida de que había perdido la partida y empezaba a buscar una salida".

La situación a finales del 92 y principios del 93 era un proceso caótico de contactos con la banda terrorista

Sin embargo, según Dominguez, "una visión retrospectiva de aquel momento revela que ETA en ningún momento se planteó abandonar las armas". Este experto ha definido la situación a finales del 92 y principios del 93 como "un proceso caótico de contactos con la banda terrorista", unido al "apuro con que el PSOE se enfrentó a las elecciones generales". De esta forma, mientras ETA seguía operativa -debilitada, sí, pero no tanto, como los hechos demostrarían tristemente- el Gobierno se lanzaba a una serie de negociaciones con ciertos activos de la banda asesina.

Desde el Ministerio del Interior se puso en marcha en la primavera de 1992 la operación Azkoiti, un acercamiento al etarra José Luis Arrieta Zubimendi (apodado, precisamente, Azkoiti). Este antiguo dirigente de la banda -extesorero- se encontraba detenido en Francia en el momento de arrancar estas negociaciones. El generoso obituario que le dedicó el diario El País con motivo de su muerte por causas naturales en junio de 2001 le situaba como pieza clave en una posible negociación que, como más tarde se comprobaría, no fue más que una farsa por el nulo apoyo que recibió de los responsables etarras.

Dicho obituario decía textualmente: "En julio de 1992, tres meses después de Bidart, la juez Laurence Le Vert ordenó su liberación y confinamiento en Perpignan. Era una decisión política para que Azkoiti, quien en libertad accedía automáticamente a la ejecutiva etarra, impulsara a ETA hacia un alto al fuego". Poco después se trasladó a un piso en París, "sede de una negociación impulsada por los Gobiernos español y francés, en la que intervinieron la vieja generación de ETA -entre ellos Juan José Etxabe-, dirigentes del PNV, los abogados de HB afines pero retirados, como Iñaki Esnaola y Christianne Fando, y hasta el secretario para la Seguridad de entonces, Rafael Vera".

"Fueron meses en los que Azkoiti, libre, hasta disfrutó de movilidad por territorio francés y cierta financiación con el objeto de conocer la opinión de la militancia etarra", se afirmaba en el texto, y concluía: "Hasta que un día de 1994 desapareció con el apoyo de la dirección etarra, que lo sacó del círculo de vigilancia al que estaba sometido. Pasó a la clandestinidad sin dejar rastro". Azkoiti murió siete años más tarde de aquel amago de negociación, en su casa de Toulouse, de un infarto.

Durante todos esos meses de negociación, desde el Gobierno se esperaba en vano que Arrieta anunciara una declaración a favor de la tregua. De hecho, hubo extraños y oscuros movimientos en Interior, incluso a espaldas del propio ministro Corcuera, que generaron malestar en el Gobierno francés.

El País publicaba en agosto de 1993 una llamativa noticia al respecto, en la que se cuenta textualmente que en enero de ese año el ministro francés de Interior de entonces, Paul Quilez, se quejó a Corcuera de que Vera había almorzado en París y en secreto con los comisarios franceses Joel Cathala y Roger Marion, la juez Laurence Levert y la fiscal Irene Stoller. "Acompañaban a Vera el director de su gabinete de información, Manuel Ballesteros, y el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y ni Corcuera ni Quilez habían tenido noticia previa de tal reunión".

"El enfado del ministro francés -que a punto estuvo de suponer la destitución fulminante de Marion- no fue menor que el de Corcuera ante ese almuerzo clandestino de sus subordinados", añade esa información.

Azkoiti no se atrevió a dar el paso por falta de apoyo en el seno de la propia organización terrorista. En lugar de la tregua, ETA comenzó 1993 matando a José Antonio Santamaría y al funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Y el propio Azkoiti desapareció del radar un año después, con ayuda de la propia banda. Todo ello generó un enorme malestar en Interior: lo cierto es que, como sabían muchos mandos policiales y se comprobó después, Azkoiti era un don nadie en la banda de asesinos.

Telaraña de diálogos descoordinados

Según la documentación existente de aquella época, hasta cinco negociaciones estaban en marcha durante el primer semestre de 1993, justo antes de la masacre del 21 de junio. Aparte de la vía Azkoiti y de las conversaciones que se mantenían de forma intermitente con Eugenio Etxebeste Arizkuren Antxon en Santo Domingo desde 1990, en enero de 1993 se abrió otra línea de comunicación. El abogado socialista Fernando Múgica y el exdirector de Egin Pablo Muñoz fueron quienes dieron el primer paso. Luego entraron José María Txiki Benegas y hasta el propio ministro del Interior José Luis Corcuera, además del colectivo Elkarri.

Rafael Vera, por su parte, mantenía otro canal de comunicación e intercambio de mensajes con los dirigentes de HB Rafa Díez y José Luis Elkoro a través del responsable de Gernika Gogoratuz, Juan Gutiérrez. Aparte de todos estos contactos, hay que mencionar las gestiones que realizaba el comisario Joel Cathalá, que visitó a varios dirigentes de ETA en prisión.

Dos importantes factores ayudan a contextualizar tanto movimiento negociador: por un lado, hubo a principios de 1993 una disminución de las detenciones. En Francia, un 38% menos que en el año precedente; en España, hasta un 51,7%, según los datos históricos del Ministerio del Interior. En su texto, Domínguez afirmaba que "no hubo ninguna orden expresa para que esto ocurriera, pero los mandos policiales percibían claramente cuáles eran las prioridades del Ministerio del Interior y éstas habían cambiado con respecto a un año antes". Este extremo me lo confirmaron, precisamente, varios policías en activo entonces.

El otro factor, según Florencio Domínguez, hacía referencia "a la preocupación del Partido Socialista, al que las encuestas vaticinaban la posibilidad de que perdiera las elecciones", convocadas anticipadamente para el 6 de junio de este año.

"Esta inquietud electoral distorsionó la estrategia del Ministerio del Interior y del PSOE y así fue percibido por la propia ETA", afirmó este periodista experto. De hecho, la banda terrorista se reafirmaba en su apuesta por la violencia en un boletín interno fechado en marzo de 1993: "Si alguna vez la organización renunciara a la lucha armada, todo el proceso vasco fracasaría y se firmaría sin duda el principio del fin de la izquierda abertzale, sin descartar la liquidación física de los militantes más significativos de la organización".

¿Hubo una carrera enloquecida por negociar el fin de ETA justo antes de las elecciones generales de junio de 1993?

¿Hubo una carrera enloquecida por negociar el fin de ETA justo antes de las elecciones generales de junio de 1993? ¿Existieron más factores, aparte de los claramente electoralistas, que propiciaron estas negociaciones sin coordinación aparente? ¿Percibieron los responsables de la banda terrorista tales contradicciones como señales de debilidad del Estado? Algunos documentos internos de la banda así lo afirman.

Todos estos movimientos eran considerados un "síntoma del apuro del Gobierno" y un ejemplo de la división que había en las instituciones, según se recogía en un documento etarra de la época que, tras este análisis, concluía con una reafirmación de su voluntad de seguir haciendo frente "al Estado español y sus colaboradores".

En marzo, ETA envió una carta al Gobierno exigiéndole una propuesta oficial por escrito. Ante la falta de respuesta, el 21 de junio perpetró el violento atentado que acabó con la vida de siete personas, mi padre entre ellas.

Llegados a este punto, y con los datos encima de la mesa, me surgen tres preguntas inevitables acerca de la responsabilidad política derivada de la carnicería terrorista del 21 de junio de 1993:

1) ¿Fue la detención de Alberto Aldana Barrena una operación programada desde el Ministerio del Interior para evitar la desarticulación del comando Madrid, con el fin de no comprometer la llamada operación Azkoiti?

2) ¿Tomó esa decisión el propio Rafael Vera con la colaboración imprescindible del responsable policial en la lucha contra ETA, Jesús Martínez Torres, quien era entonces comisario general de información?

3) En definitiva, ¿fueron las víctimas de la banda terrorista en Madrid durante los años 91, 92 y 93 un "regalo" para las inútiles negociaciones con ETA en esos años, y en concreto para no malograr la absurda operación Azkoiti?

Atentados del comando Madrid 91-92 y 92-93

17/10/91. Triple atentado en el barrio de Aluche en Madrid. En el primero murió el Teniente del Ejército Francisco Carballar Muñoz. La segunda, que estalló a unos 500 metros y frente a dos colegios, causó heridas muy graves a la funcionaria de la comisaría de Los Cármenes María Jesús González Gutiérrez, de 40 años, y a su hija Irene Villa, de 13 años, que perdió ambas piernas. El tercer artefacto causó graves heridas al comandante del Ejército Rafael Villalobos Villar, de 38 años, y a su hermana.

1) Decretado el sobreseimiento provisional desde noviembre de 1991. (Sumario 92/91, JCI nº4)

2) Decretado el sobreseimiento provisional en 2011, por falta de autor conocido. (Sumario 23/92, JCI nº4).

3) Diligencias previas 346/97, JCI nº4. No existe más información en las bases de datos de Justicia.

06/02/92. Atentado en la plaza de la Cruz Verde. Murieron el capitán de infantería Emilio Tejedor Fuentes, el capitán de artillería Ramón Navía Refojo, el capitán de caballería Juan Antonio Núñez Sánchez, el soldado Francisco carrillo Pérez y el funcionario del Ejército de Tierra Antonio Ricote Castillo. Otras siete resultaron heridas por la explosión de un coche bomba.

Existe una sentencia de 19 de febrero de 2004 que condena a Ignacio Etxebarría Martín Mortadelo, y los "robacoches" Zabala Erasun y Rodríguez Cordero. (Sumario 82/92, JCI nº4).

23/03/92. Asesinato de Juan José Carrasco Guerrero, hijo del coronel de Infantería en la reserva Félix Carrasco Pérez-Machado, en las inmediaciones sede la Glorieta del Puente de Segovia, al estallar una bomba lapa situada en el vehículo particular de su padre.

Existe una sentencia fechada el 24 de julio contra Ignacio Etxebarría Martín Mortadelo como autor material (Sumario 16/93, JCI nº 2).

31/03/92. Asesinato del coronel retirado Joaquín Vasco Álvarez al estallar un paquete bomba enviado a su casa en el número 33 de la calle de Clara del Rey.

Caso reabierto en 2012, se decreta auto de sobreseimiento provisional con fecha 21 de mayo de 2013. (Sumario 74/92 JCI nº4)

09/06/92. Coche bomba en la calle Madre de Dios casi con Av. Pío XII. (Parquecillo de Jumbo) Nueve jefes y oficiales de la Armada, un soldado y tres civiles resultan heridos.

Imputados sin procesar: Zabala Erasun y Rodríguez Cordero (como ‘robacoches’) y Múgica Garmendia. Reabierto en 2014, mediante auto de fecha 18/05/2015 el JCI nº 1 declaró concluso y sin procesamiento el sumario. En un auto de fecha 21/09/2015 de la Sección 1ª revoca dicho auto a la espera del resultado de las diligencias solicitadas por una acusación particular, que representa a Irene Muñoz Escandell, hija de uno de los afectados.

30/11/92. Asesinato del subteniente de la Guardia Civil Miguel Miranda Puertas en la calle de Luis de Hoyos Sainz, al estallar un coche bomba.

Sumario 3/94 del JCI nº 2. Auto de 3 de marzo de 2004 sobreseimiento provisional. Se solicitó reapertura en 2006 y se practicaron diligencias -comparación de huellas dactilares- contra José Javier Arizcuren Ruiz, María Soledad Iparraguirre, Juan Luis Aguirre Lete, Ignacio Etxevarría Marín, Petra Elser, Juan Bienzobas Arreche, Idoia Martínez García, Álvaro Arri Pascual, Mercedes Chivite Berango. El juez indica que no procede la reapertura, mediante una providencia fechada el 27 de noviembre de 2006.

En fecha 8/10/2013 se acuerda la reapertura a raíz de un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. El Ministerio Fiscal no considera que se extraigan indicios suficientes y solicita de nuevo el archivo. En un auto de fecha 6/05/2014 se acuerda sobreseimiento provisional y archivo.

21/06/93. Doble atentado con coche bomba en la Glorieta de López de Hoyos de Madrid y en la calle Serrano esquina María de Molina. Mueren asesinados el teniente coronel del Ejército de Tierra Javier Baró García; el teniente coronel del Ejército del Aire José Alberto Carretero Sogel; el sargento primero de la Armada José Manuel Calvo Alonso; el teniente coronel del Ejército de Tierra Fidel Dávila Garijo; el capitán de fragata de la Armada Domingo Olivo Esparza; el funcionario civil del Ministerio de Defensa Pedro Robles López, que conducía el vehículo, y el teniente coronel del Ejército del Aire Juan Romero Álvarez, mi padre.

Existe una sentencia que condena únicamente a los "robacoches" Zabala Erasun y Rodríguez Cordero. Reabierto el sumario 17/94, el juez acuerda tomar declaración en calidad de investigado el día 29 de agosto de 2016 al etarra Jesús García Corporales, en libertad tras haber cumplido 19 años de prisión. Se reafirma en su versión.