Mi lucha contra ETA (V)

Cuando investigar el asesinato de mi padre se convirtió en un pulso con el Estado

Ilustraciones / Jon G. Balenciaga

Desde que el sumario del asesinato de mi padre y de otras seis personas fue reabierto en primer lugar, la instrucción de este caso estuvo llena de obstáculos. Tan sólo las aportaciones de nuevos indicios fruto de mi investigación, apoyadas por distintas fuentes, mantuvieron el caso vivo.

Poco a poco, lentamente, los plazos legales se iban apurando mientras la causa avanzaba casi a trompicones. El relato que viene a continuación es una reconstrucción resumida del periplo de esta causa.

El archivo provisional

El diciembre de 2013, tras varios intentos infructuosos de investigación -incluidas varias reuniones con etarras que se habían acogido a la "vía Nanclares"-, y justo antes de que Andrés entrase en escena, la Audiencia Nacional decretó la conclusión del sumario a falta de nuevas pruebas. El caso se dirigía inexorablemente a su archivo: el 20 de febrero de 2014 se decretó el sobreseimiento provisional.

A pesar de que entonces me lo tomé como un auténtico revés, poco después entendí que lo que habíamos logrado era, simplemente, comprar tiempo. Es decir, la causa no estaba muerta, sólo estaba suspendida.

La única vía que me quedaba era escarbar en la información sobre la infraestructura de ETA en la capital en 1992 y 1993

La única manera que tenía entonces para devolver el caso a la vida era atacar donde nadie lo había hecho hasta el momento: escarbar en la información sobre la infraestructura de ETA en la capital durante los años 1992 y 1993, justo la campaña en la que mi padre murió asesinado.

Entre los meses de marzo y septiembre de 2014, Andrés y yo habíamos empezado a tomar contacto de forma más o menos asidua. Quedábamos para tomar café y hablar durante horas mientras íbamos cimentando la confianza necesaria para avanzar en la investigación. El tiempo pasaba muy lentamente, mientras analizábamos lo que teníamos y sabíamos.

La causa se reabre

Después del verano 2014, decidí volver a la carga con todos los datos que habíamos arañado de las hemerotecas, única vía de información de la que disponía. El reto era importante, ya que en aquella época la información sobre el comando Madrid de ETA era escasísima, y teníamos que lograr establecer una relación entre los terroristas que pudieron ser los autores del atentado y el encausado como autor intelectual, Iñaki de Rentería, alias Gorosti.

Los informes hablaban de un piso franco en Madrid, en la calle Bravo Murillo. Pero gracias a las informaciones publicadas en la prensa a lo largo de los años sabíamos que existían otros dos, uno en la calle Doctor Fleming -en donde se había hallado una huella de Rufino Arriaga Arruabarrena, que sería importante para posteriores investigaciones- y otro, el más importante para esta causa, en el Paseo de Extremadura, alquilado por su hermana, María Jesús Arriaga Arruabarrena. Sobre estos inmuebles nadie había pedido información antes ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, y eso fue lo que solicité para conseguir la reapertura del sumario.

Por tanto, mi razonamiento, aunque algo complejo, tenía sentido: Gorosti, quien desde marzo de 1992 (tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart) ejercía funciones de responsabilidad relacionadas con los aparatos militar y logístico de la banda terrorista, podía haber enviado órdenes a los hermanos Arriaga Arruabarrena, "que daban cobertura al comando Madrid durante la campaña 1992/93", como reza la documentación consultada.

Cierto era que las relaciones entre los protagonistas de esta historia macabra eran lejanas, al menos sobre el papel y con las pruebas de las que disponía: recortes de periódicos y deducciones a partir del testimonio de uno de los condenados por robar vehículos para ETA en aquella época (llamados "robacoches"): éste identificaba el alias Gorosti con Ignacio Gracia Arregui.

En definitiva, me la estaba jugando casi a una carta.

Me enteré de que la Fiscalía apoyaba la reapertura del sumario para practicar las diligencias mientras conducía hacia Badajoz, el 29 de diciembre de 2014. De la emoción, di un volantazo que casi me saca de la autovía. Tuve que pararme en Mérida para tranquilizarme. Era ya cuestión de tiempo que la Sección Segunda de la Audiencia ordenase la reapertura del sumario y la práctica de todas las diligencias (como al final hizo), por lo que volvíamos a estar en el campo de juego: pedíamos al juez una batería de datos que incluían todo lo relacionado con la investigación sobre el piso del Paseo de Extremadura de Madrid, que con el tiempo resultaría clave. Que la Audiencia Nacional se interesara por ello ya suponía una gran victoria moral para mí.

Fue entonces cuando decidí abandonar EL MUNDO, que había sido mi casa durante 15 años, para incorporarme al equipo fundacional de EL ESPAÑOL. Recuerdo perfectamente cuando María Ramírez y Eduardo Suárez, subdirectores, me lo propusieron. La reunión tuvo lugar un fin de semana de diciembre de 2014 en un agradable local de Madrid, una especie de invernadero mitad mercado, mitad restaurante. Al principio les dije no: tenía que resolverse la reapertura del sumario y, honestamente, no podía dedicar toda mi energía a arrancar el proyecto. Ellos sonrieron y me aseguraron que me esperarían; siempre les estaré agradecido por la confianza que depositaron en mí.

Horas antes de firmar el contrato planteé al director, Pedro J Ramírez, una única condición: "La investigación sobre el asesinato de mi padre es lo más importante para mí", le dije. "Si alguna vez tuviera que ausentarme, si necesitase ir al despacho de mi abogado o reunirme con alguna fuente, voy a dejar todo lo que esté haciendo en ese momento; a cambio, si quieres, la historia de esta investigación la publicaré aquí, es toda tuya", añadí. Él aceptó de buen grado, confió en mí, a pesar de que no podía contarle casi nada del asunto. Gracias a ellos, en parte, pude permitirme seguir con mis pesquisas.

Poco antes, el 12 de septiembre del año anterior, tomé otra decisión que nada tuvo que ver con el caso de mi padre, pero que me llenó de alegría y me dio las fuerzas que necesitaba para seguir adelante: tras más de 13 años de relación, me casé con mi pareja. Fue, sin duda alguna, el día más feliz de mi vida.

Los informes clave

"Vamos bien, vamos bien". Mi abogado me lo repetía una y otra vez, mientras pasaba el tiempo y yo me consumía por los nervios. Los problemas de este procedimiento -y sospecho que de todos- son los interminables plazos, la incertidumbre ante cualquier petición y las respuestas que no terminan de llegar.

Durante el año 2015 se produjeron varios acontecimientos que marcarían el rumbo del proceso judicial abierto. Una vez reabierta la causa, el primer hito tuvo lugar el 22 de junio, fecha del primer informe policial sobre la relación de María Jesús Arriaga Arruabarrena "y otros" con el atentado. Ella había sido quien alquiló ese piso entre 1990 y 1992, y en dicho informe aportaban datos muy relevantes: que colaboraba con la banda terrorista (concretamente, con el comando Madrid); que mantenía una relación directa e incluso "sentimental" con el etarra Jesús García Corporales; y que éste último pudo haber sido integrante del comando Madrid el 21 de junio de 1993, fecha del atentado, "en base a los indicios obtenidos en aquella investigación" sobre el piso del Paseo de Extremadura de Madrid.

Un primer informe policial afirma que García Corporales pudo haber sido integrante del comando Madrid el 21 de junio de 1993, fecha del atentado

Mientras tanto, los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo habían solicitado -y logrado- la comparecencia, por teleconferencia, del encausado Iñaki de Rentería y de uno de los "robacoches", José Gabriel Zabala. Ninguno de los dos contestó a las preguntas de la acusación.

A principios del verano de 2015 llegó el momento de solicitar tanto las pruebas documentales como la declaración de los miembros del grupo policial que habían llevado a cabo las investigaciones hacía 22 años, para poder llegar al fondo del asunto. Al fin y al cabo, la clave era descubrir por qué el informe policial señalaba con tanta claridad a García Corporales como uno de los autores materiales del asesinato.

A pesar de que la petición ponía de manifiesto lo incompletos que resultaban los informes policiales, la Fiscalía consideró que no eran "pertinentes ni relevantes" dichas peticiones, y se opuso a la práctica de diligencias. Por su parte, el juez siguió el criterio del fiscal y a finales de agosto 2015 emitió un auto en el que afirmaba que lo que pedía "conduciría a una dilación indebida del procedimiento".

No me lo podía creer. ¿La Policía Nacional señalaba a un autor material de una masacre terrorista en un informe de apenas tres folios, y resulta que tanto el juez como el fiscal consideraban que no había nada más que investigar? ¿Consideraba el juez que estas peticiones conducían a una "dilación indebida del procedimiento", cuando cada respuesta a los escritos tardaba una media de dos meses?

Enseguida recurrí a la Audiencia Nacional, y volví a desgranar todas las dudas que se desprendían de los informes policiales. También supliqué que se ordenase tanto la aportación de pruebas documentales como de testificales: necesitaba escuchar de labios de los propios agentes cómo había sido el seguimiento a dicho comando en aquellos años.

Necesitaba escuchar de labios de los propios agentes cómo había sido el seguimiento al comando Madrid en aquellos años

Estaba tan cerca y, a la vez, tan lejos… Me puse en manos de los magistrados de la Sección Tercera: de su decisión dependía que el caso llegase a una nueva "vía muerta" o que avanzase hacia su completo esclarecimiento. Mientras tanto, pasaban las semanas; no recuerdo ni un solo día en el que no consultase el correo electrónico -una serie de cuentas abiertas ad hoc para comunicarme con mis fuentes- al menos diez veces, en busca de una respuesta que no llegaba. La ansiedad me comía por dentro.

El 24 de noviembre de 2015, casi tres meses después, llegó la respuesta a mis plegarias en forma de auto: la Audiencia Nacional estimaba parcialmente el recurso. Es decir, obligaba al juez instructor a solicitar de nuevo a la Comisaría Central de Información de la Policía Nacional todos los datos necesarios que justificaran la afirmación de que García Corporales pudo integrar el comando Madrid y ser autor material del atentado del 21 de junio de 1993.

Un nuevo (y demoledor) informe

Como ha sido habitual en esta causa, nuevamente me tocaba esperar. Y en este caso el resultado superó con creces las expectativas. En febrero de 2016 me llegó un completo informe, firmado también por el comisario general, Enrique Barón Castaño, en el que se analizaba con lupa la relación del etarra Jesús García Corporales, hoy en libertad tras cumplir 19 años de condena, con el comando Madrid a principios de los años 90.

Según ese documento, de 11 folios, resulta que sí que hubo relación entre el etarra y la capital. Bastante estrecha, además. No sólo se reitera que García Corporales y María Jesús Arriaga eran más que amigos, sino que se apunta a su posible participación en el atentado con coche bomba contra una furgoneta de la Armada en la Av. Pío XII de Madrid el 9 de junio de 1992 (nueve jefes y oficiales de la Armada, un soldado y tres civiles resultaron heridos) y en el atentado también con coche bomba en Moratalaz el 30 de noviembre de ese mismo año, en el que muere asesinado el subteniente de la Guardia Civil Miguel Miranda Puertas.

El informe sitúa "con un alto grado de certeza" a García Corporales en Madrid cuando tuvieron lugar ambos atentados, como miembro del comando en la capital. Gracias a algunas pruebas que se hallaron en el registro de su domicilio en Hendaya cuando fue detenido en 1994 -como un ticket de compra de una tienda de la capital- se supo que incluso había estado en la ciudad como liberado aquella época.

Mientras leía ese informe me acordaba de la conversación que mantuve con él en la cárcel de Vitoria. Cómo me dijo, tranquilamente, que jamás había estado en Madrid, excepto una vez para cambiar de tren camino de Melilla, en donde hizo el servicio militar. Cómo me explicó que no había tenido contacto con ETA durante su huida a Francia y hasta su detención, sólo a través de un tal Juanpi. "No me llegaban ni los zutabes", me confesó entonces.

La Policía Nacional al fin había desmontado todas las afirmaciones del etarra, una a una, con datos fehacientes

Pero la Policía Nacional al fin había desmontado todas las afirmaciones del etarra, una a una, con datos fehacientes, en un documento que había llegado después de más de un año de duro trabajo, de esperas interminables, de escritos y de recursos, de alegrías y de decepciones.

Cuando tuve delante este informe, me derrumbé y lloré como nunca antes lo había hecho en mi vida: ahí estaba todo.